La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), anunció ayer 7 de septiembre su decisión de rechazar todas las propuestas presentadas para la contratación mediante licitación pública de una “Plataforma Multiservicios de Telecomunicaciones del Estado”, informó dicha entidad. La AIG considera que existen oportunidades de desarrollar una solución que resulte más ventajosa en pro de los intereses del país y por esa razón ha rechazado las propuestas.“Se acordó rechazar todas las propuestas para evaluar la posibilidad de trabajar las redes del Estado en un entorno compartido, incrementando su confiabilidad y aprovechando las ventajas asociadas con adoptar los precios competitivos que ofertaron las distintas empresas, por los diferentes rubros”, dijo al respecto el Ing. Eduardo E. Jaén, Administrador General de la AIG.
“La optimización del uso de Centro de Datos y los servicios de Internet, con los mayores estándares de seguridad y confiabilidad, permitirá ahorros importantes en los gastos de telecomunicaciones del Estado y un mejor servicio a la ciudadanía de alrededor de B/.5M anuales. Como resultado de replantear la solución tecnológica, la AIG procura encontrar ahorros mayores a los proyectados.”
La AIG, antes Secretaría de Innovación, fue creada mediante Ley 65 de 30 de octubre de 2009. Es la entidad competente del Estado para planificar, coordinar, emitir directrices, supervisar, colaborar, apoyar y promover el uso óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones en el sector público para la modernización de la gestión pública, así como recomendar la adopción de políticas, planes y acciones estratégicas nacionales relativas a esta materia. La AIG tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen interno, capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, administrar sus bienes y gestionar sus recursos.
La modernización de las telecomunicaciones del sector gubernamental forma parte del programa de actualización tecnológica que promueve el gobierno través de la AIG.
Si esto fue una buena decisión, lo que venga deberá costar al País, menos que la mejor oferta presentada en la licitación, de lo contrario será muy cuestionada la decisión de anular la licitación.
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