En medio del despegue de la economía de Panamá, se desmorona el poder sindical y se incrementa el riesgo político

El riesgo político para el país se ha incrementado en los últimos meses debido a ciertos eventos que han ido provocando desestabilización. Entre los eventos más sobresalientes destacan dos leyes aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional de Diputados. Estas leyes son conocidas como Ley Carcelazo (Ley 14 del 13 de abril de 2010) y Ley Chorizo (Ley 30 del 6 de junio de 2010). La llamada Ley Carcelazo impone pena de cárcel sobre aquellas personas que protesten cerrando las calles y la Ley Chorizo impone medidas que constituyen cambios fundamentales que representan el fin del poder monopólico de los sindicatos actuales.

Los sindicatos en Panamá son cada uno un monopolio en su sector económico (monopolio significa que sólo existe uno). Entre los sindicatos con mayor poder cuentan el de la construcción, de educación pública y de las bananeras. De hecho, en la construcción el sindicato único, que es un monopolio, se llama Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS). Desde hace años, los sindicatos en Panamá han concentrado mucho poder, pero no es sino desde la década pasada cuando ha ocurrido la mayor concentración, cuando éstos constituyeron una coalición denominadas FRENADESO. El papel protágonico más importante en la década pasada fue su oposición al proyecto de expansión o ampliación del Canal de Panamá por considerarlo como un proyecto de gran riesgo y la forma menos eficiente de invertir miles de millones de dólares.

La coalición de sindicatos nunca ha revelado explícitamente sus aspiraciones políticas, pero uno de sus líderes más importantes, el profesor Juan Jované, catedrático de la Universidad de Panamá y quien una vez fue director del sistema de seguridad social de Panamá (Caja de Seguro Social), ha manifestado sus aspiraciones como candidato a la presidencia de la República, tanto en las elecciones pasadas como en el presente. La coalición de sindicatos es mas de tendencia socialista que de centro-izquierda. De hecho, el profesor Juan Jované es el principal opositor al proyecto de expansión del Canal de Panamá.

El más fuerte de todos los sindicatos, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), se ha fortalecido económicamente desde 2004 con el boom inmobiliario de Panamá, tras la llegada de los baby boomer (jubilados estadounidenses) en busca de su "segundo hogar". La perspectiva de crecimiento y concentración de poder, tanto sindical como económico y político, es ahora más positiva que nunca, porque para el periodo 2010-2014 el país tiene inversiones privadas y públicas en firme (o sea que se harían pase lo que pase) por un monto de 41,000 millones de dólares.

No obstante, estos sindicatos tienen su talón de Aquiles. Su primer talón de Aquiles es, precisamente su fortaleza económica. Dicha fortaleza se basa en el cobro efectivo de la cuota sindical. Esto se logra mediante el descuento directo y obligatorio de la cuota sindical. Las empresas están obligadas a descontarles a los trabajadores la cuota sindical del salario y entregarle esa suma al sindicato. El pago voluntario de la cuota sería inefectivo, dado que lastimosamente los trabajadores tienen un presupuesto limitado y prácticamente sobreviven de semana en semana o de quincena en quincena. Es decir, el pago voluntario de la cuota conllevaría inevitablemente al descalabro económico de los sindicatos.

El otro talón de Aquiles de los sindicatos es, desde luego, que aparezca competencia, o sea “sindicatos amarillos” como ellos mismos les denominan.

El tercer talón de Aquiles de los sindicatos es, obviamente, que las huelgas convocadas sean inefectivas. Una huelga es efectiva si todos los miembros pueden resistir la huelga hasta que se cumplan la mayor parte de sus demandas sin que su membrecía se resquebraje o que sus posiciones sean reemplazadas mediante la contratación de otros trabajadores.

El último talón de Aquiles de los sindicatos es el poder manifestarse públicamente y hasta cerrar las calles, si es necesario, sin ser apresados y condenados a prisión.

La Ley 30 del 6 de junio de 2010 (Ley Chorizo) contiene unas “disposiciones laborales” en sus artículos 12, 13 y 14, que le dan justamente en los talones de Aquiles a los sindicatos. De hecho, esto representaría el fin de los sindicatos en Panamá, por lo menos de la forma en que los hemos conocido durante muchas décadas.

Específicamente, el artículo 12 reforma el Código de Trabajo, estableciendo que “el empleador no estará obligado a descontar a sus trabajadores en favor de un sindicato las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias que este establezca”. Esto indudablemente, conllevaría inevitablemente al descalabro económico de los sindicatos que conocemos en la actualidad.

El artículo 13 de la Ley Chorizo reforma el Código de Trabajo de la manera siguiente: “la convención colectiva se aplicará a todas las personas que trabajan en las categorías comprendidas en la convención en la empresa, negocio o establecimiento aunque no sean miembros del sindicato. Los trabajadores que estén afiliados a otro sindicato quedan relevados de pagar la cuota sindical al sindicato que negoció la convención colectiva, pero sí podrán pagarle al sindicato al cual están afiliados”. Esto, desde luego, provee de los incentivos económicos para que aparezca la competencia o “sindicatos amarillos”.

El artículo 14, otro de los más escabrosos y que le da justamente en el talón de Aquiles a los sindicatos actuales, expresa lo siguiente: “…el empleador podrá celebrar nuevos contratos de trabajo para la reanudación de los servicios suspendidos, siempre que a juicio de la Dirección Regional o General de Trabajo sean necesarios para evitar perjuicios irreparables a las maquinarías y elementos básicos”. Esto reduciría la probabilidad de efectividad de cualquier huelga al dejar el asunto a discreción de funcionarios públicos y genera los incentivos para que prolifere la corrupción.

El Presidente de la República Ricardo Martinelli está prácticamente quemando su capital político al tratar de romper definitivamente el poder monopólico sindical en Panamá. El Presidente Martinelli es de derecha; de hecho, él es un importante empresario, dueño de una de las cadenas de supermercados más grandes del país; se dice que su fortuna sobrepasa los cuatrocientos millones de dólares.

Los principales adversarios políticos del Presidente Martinelli y su partido Cambio Democrático (CD), son el profesor Juan Jované, y Balbina Herrera del Partido Revolucionario Democrático (PRD); estos son de tendencia socialista y de centro izquierda respectivamente. Sin embargo, el PRD aglutina muchas facciones, y después del retorno a la democracia en Panamá los gobiernos han sido de centro derecha o totalmente de derecha, como Ernesto Pérez Balladares y Martín Torrijos. Hay otros políticos y partidos, como el Partido Popular, pero son demasiado pequeños. El presidente Martinelli gobierna en una coalición con el Partido Arnulfista, el cual también es de derecha.

En Panamá no existe en la Constitución Política la reelección presidencial y para que esa posibilidad aparezca, la Constitución tendría que ser reformada, para lo cual se requiere el voto popular. El Presidente Martinelli ha manifestado en reiteradas ocasiones que no se reelijirá y que apoyará la canditatura del líder del Partido Arnulfista, Juan Carlos Varella. Sin embargo, el Partido Arnulfista se ha venido debilitando mucho desde el gobierno de Mireya Moscoso.

La maniobra del Presidente Martinelli en torno a la reforma laboral o reforma al código de trabajo, parece estarle abriendo las puertas a la oposición política, tanto de corte socialista como de centro izquierda. La popularidad del presidente, una de las más elevadas del continente hace meses atrá, está cayendo vertiginosamente, según encuestadoras locales de gran reputación en el país. En sentido figurado, el Presidente Martinelli está quemando su capital político para reformar el código de trabajo, una hazaña no vista desde que el Código fue creado en 1972.

En las últimas semanas, en Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, donde está la mayor producción bananera de exportación del país (ya que en Puerto Armuellos, Provincia de Chiriquí, la actividad prácticamente ha desaparecido, luego de más de una década de reducción de la cuota de banano Panamá por la Unión Europea), los trabajadores se fueron a huelga y desafiaron la Ley Carcelazo, siendo reprimidos brutalmente por la fuerzas antidisturbios o antimotines. Esa provincia, alejada del país, pero de gran afluencia turística se convirtió casi en una "zona de guerra", resultando en muchos heridos y uno o dos muertos; aunque hay anécdotas de que el número de muertos fue de seis o incluso más.

El líder político de oposición, Juan Jované, anunció públicamente que había sido visitado por miembros de la DIJ (esto es una policía especial) por que había una "orden de conducción" contra él (suponemos que eso quiere decir que debe presentarse para ser interrrogado o algo por el estilo). El político se negó y luego se refugió en la Universidad de Panamá, donde hasta el día de hoy aún permanecía. También había "orden de conducción" para Genaro López y Saúl Méndez, diregentes de SUNTRACS. También varios líderes de los gremios de educadores manifestaron los habían tratado de detener con "orden de conducción".

Hasta el domingo 11 de julio se registraban disturbios en la provincia de Bocas del Toro, pero en horas de la noche el gobierno alcanzó un acuerdo con los huelguistas para suspender la huelga y establecer un diálogo para tratar los artículos 12, 13 y 14 de la ley chorizo. El acuerdo se conoce como “Acuerdo de Changuinola”. En cumplimiento del Acuerdo de Chanquinola, el Consejo de Gabinete aprobó la tarde del martes 14 de julio una resolución en la que crea la Comisión Especial para la mesa de Diálogo en torno a los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 30 de 2010 (Ley Chorizo).

A pesar del Acuerdo de Changuinola, el martes 13 de julio los trabajadores de la construcción y el gremio de los trabajadores se fueron a huelga.

El avance de la economía de Panamá desde 2004 ha sido uno de los más notorios de Latinoamérica. La economía creció 4.9% en el primer trimestre de 2010; incluso en medio de la turbulencia económica mundial en 2009 logró un crecimiento de 2.4%. Panamá logró este año la calificación de grado de inversión de las tres calificadoras de riesgo más importantes del mundo. El Canal de Panamá se está ampliando a un costo de 5,250 millones, con un grado de avance hasta el segundo semestre de alrededor de 7%. El gobierno también anunció un plan de inversiones por 13,600 millones en el periodo 2010-2014, incluyendo la construcción de la primera línea de un metro en la ciudad de Panamá. El gobierno de Panamá ha hecho muchas cosas acertadas en materia económica y ha manejado las finanzas públicas de forma apropiada. En medio de la crisis económica mundial de 2009 el déficit fiscal fue de apenas 1% del PIB y en el primer trimestre de sólo 0.5%.

La reforma al código de trabajo planteada en la ley chorizo, son las más profundas que se hayan hecho desde que se creó en 1972, en los primeros años de la dictadura militar. Los costos políticos de la reforma son altos y, sin embargo, es apenas la punta del iceberg en materia laboral en Panamá. Panamá es considerado como un país con una de las legislaciones laborales más rígidas del continente. Este es un aspecto que toman muy en cuenta los inversionistas extranjeros. Panamá es calificado en el “Índice de Libertad Económica”, de la The Herigage Foundation, como uno de los países con menor libertad laboral del continente, junto a Bolivia, Venezuela, Honduras y Paraguay. Al respecto, la Fundación explica que le da esa calificación a Panamá por que “la regulación laboral es inflexible; el costo no salarial de emplear a un trabajador es alto y despedir a un empleado es difícil; las regulaciones sobre las horas de trabajo son rígidas”.