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Wednesday, July 28, 2010

Nueva estructura de compra de los corredores. ¿Quién financiará realmente esta transacción?

El martes 27 de julio el Consejo de Gabinete en reunión autorizó una resolución en la que faculta al Ministro de Obras Públicas a suscribir un memorando de entendimiento con la empresa PYCSA Panamá S.A., AUTOVIAS S.A. y PYCSA Internacional LTD en el que se aprueba los términos y condiciones para que el Gobierno de la República de Panamá adquiera la totalidad de las acciones que componen el capital social de la empresa PYCSA Panamá, según dice una nota de prensa de la Secretaría de Comunicaciones del Estado. Al día siguiente, el presidente Martinelli explicó que después de varias presentaciones, conversaciones y evaluaciones con los dueños de estás vías, el Gobierno decidió buscar una nueva estructura para adquirir los corredores, indica otra nota de prensa. El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino dijo que el Gobierno ha negociado satisfactoriamente un memorando de entendimiento con la mexicana Ingenieros, Civiles y Asociados Panamá (ICA) para la adquisición del Corredor Sur.
El Gobierno Nacional creará la Empresa Nacional de Autopistas, S. A. (ENA). Ésta es una Sociedad Anónima, cuyo accionista mayoritario, obviamente, sería el Estado, pero que estaría fuertemente apalancada con deuda emitida en los mercados de valores.

ENA comprará el Corredor Norte a PYCSA en 650 millones de dólares y el Corredor Sur a ICA en 420 millones de dólares, totalizando 1,070 millones de dólares.

ENA tendrá un aporte inicial de 100 millones de dólares, provenientes de los “balances de caja inactivos” que mantienen las instituciones en el Banco Nacional de Panamá y que no impactará el déficit macro fiscal, dijo el Presidente Ricardo Martinelli, según una nota de prensa de la Secretaría de Comunicaciones del Estado. El asunto es que éste es una transacción financiera y no un gasto, además de que el déficit del Sector Público no Financiero no Financiero (SPNF) no incluye al Banco Nacional de Panamá.

Cabe destacar que el Estado está estructurando una transacción para la compra de los corredores de forma tal que no genere un déficit e incremente la deuda pública. La razón de esto es que, por una parte, al Estado no le es permitido tener un déficit del SPNF por encima del de 2% este año, 1.5% para el próximo año y 1% en los años siguientes, según la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. De hecho, antes de que el Presidente Martinelli comenzara su gobierno, dicho límite era de apenas 1%, pero unos días antes de que asumiera la presidencia fue aumentado el límite a 2%, como una medida para contrarrestar una contracción de la economía y las finanzas públicas en caso de que fuera necesario, pero que no se utilizó porque el crecimiento económico fue de 2.4% y el déficit del SPNF fue apenas de 1%. Otra razón, por la que el Estado está realizando una transacción que no genere déficit fiscal ni incremento de la deuda pública es que ahora tiene un grado de inversión que cuidar.

En lugar de que el Gobierno Central gaste en la compra de los corredores y genere un enorme déficit fiscal e incremente el tamaño de la deuda pública, poniendo en riesgo la calificación de grado de inversión, la nueva sociedad anónima, ENA, emitirá deuda o bonos en la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) por un monto de 970 millones de dólares. La transacción estaría dividida en tres partes, y la colocación de la deuda habría culminado en noviembre del presente año. De este modo, ENA estaría fuertemente apalancada mediante deuda.

El gobierno también pudo haber puesto dinero del Fondo Fiduciario y la Caja de Seguro Social como inversión directa en la nueva empresa, y usar el dinero para la compra de los corredores. No obstante, nosotros creemos que la mayor parte de la deuda o bonos que se emitirán en el mercado de valores, serán comprados por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo y por la Caja de Seguro Social (CSS). “Sobre la estructura original para la adquisición de los corredores, se contemplaba una inversión de capital por parte del Fondo Fiduciario para el Desarrollo y la Caja de Seguro Social (CSS), por la suma de 475 millones, dinero que se convertirán en instrumento de deuda garantizada por los flujos de efectivo de los corredores, mismos que representarán un incremento significativo en los fondos de ambas entidades”, indica una nota del Ministerio de Economía y Finanzas.

La mayor parte del Fondo Fiduciario se encuentra actualmente líquida. Antes de que las tres calificadoras de riesgo más importantes del mundo le otorgaran a Panamá la calificación de grado de inversión, el gobierno ya había hecho líquido la mayor parte de los activos del Fondo Fiduciario. Durante la administración del gobierno de Martín Torrijos, la mayor parte del Fondo Fiduciario había sido invertido en la compra de Bonos Globales de Panamá. Luego, sobrevino la crisis financiera internacional y el precio de estos bonos cayó, pero en 2010, próximo a la obtención del grado de inversión el precio de los bonos aumentó considerablemente y el gobierno los vendió en varias transacciones, volviendo así líquido el Fondo Fiduciario y obteniendo una ganancia de capital con respecto al precio de la compra original.

La transacción original del gobierno, de comprar los corredores con dinero del Fondo Fiduciario y de la Caja de Seguro Social, recibió muchas críticas. En un principio, la Junta Directiva de la CSS, el cual es el órgano de dicha entidad que debía aprobar la transacción, no se opuso directamente, pero mostró su reprobación indirecta por no haber sido consultados antes de que se anunciara esto. Otra crítica es acerca de la desinversión extranjera que la compra representa, pues los inversionistas extranjeros que construyeron los corredores simplemente toman su dinero y se lo lleva a otra parte, quizás de vuelta a México o cualquier otro país de la región. Incluso, el Gobierno Central habló de expropiar, porque algunos compromisos importantes no se han cumplido al día de hoy; pero, aunque con justa razón, la palabra expropiación no sonó bien para un país que estaba en ese momento a punto de lograr el grado de inversión.
Otra crítica, muy acertada, es acerca del deterioro que podrían sufrir los corredores una vez que pasen a manos de una empresa estatal. Como muestra un botón, sólo hay que ver el estado de deterioro y abandono en que se encuentra la autopista Arraiján-Chorrera para elaborar el escenario futuro más probable de los corredores.

Antes de todo esto, el gobierno mando a hacer dos auditorías de los corredores y llegó a la conclusión de que, de acuerdo a la recuperación de la inversión de la empresa basada en los flujos netos descontados a la tasa de costo de oportunidad del capital, los corredores jamás pasarían a manos del Estado.

Cabe destacar que desde que entraron en funcionamiento los corredores, las tarifas han tenido incrementos continuos y sustanciales, y todo eso permitido en el contrato de concesión. El efecto de esto es que los corredores no tienen el uso que se esperaba, mientras que la congestión en la Ciudad es descomunal y cada vez peor. El gobierno ha dicho que las tarifas se mantendrán aunque adquiera los corredores, pero que las congelará y luego de diez años los corredores serán totalmente gratuitos (que es cuando pueden empezar a sufrir el mismo destino que la autopista Arraiján-Chorrera por la falta de recursos para su mantenimiento).

Al parecer, el gobierno considera la adquisición de los corredores como clave en su empeño de resolver durante su administración el descomunal problema del transporte urbano en Panamá. El gobierno va a construir una primera línea de un metro de 16 kilómetros de largo y, además, está implementando un nuevo sistema de buses que, siempre que sea bien administrado, terminaría con la mayor parte de los problemas del sistema anterior.

El Gobierno ha dicho que garantizará una mayor seguridad y circulación en dichas vías, mediante una ampliación del Corredor Sur a seis carriles y la conclusión de los proyectos pendientes del Corredor Norte hasta Tocumen. Las ampliaciones y mejoras formarán parte del patrimonio de ENA, y una vez completadas se estiman en 290 millones de dólares. El gobierno piensa financiar las mejoras con la venta de tierras, cuyas ganancias se calculan en 285 millones de dólares. Para obtener estos fondos ENA llevará adelante los trabajos de rellenos previamente concesionados a ICA en el Océano Pacífico y no se utilizará dinero de impuestos ni otros ingresos fiscales para estas obras, destaca una nota de prensa.

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